Gobierno contrató
oficinas de abogados de Washington y Nueva York para defenderse frente a pedido
de consorcio
El Gobierno dominicano
estableció un acuerdo con el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella que crea un
fondo contingente y garantiza el flujo de recursos para la terminación y puesta
en operación de la
Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC),
independientemente del tiempo y los resultados del arbitraje que se lleva fuera
del país, por un reclamo de pago de recursos adicionales.
El consorcio está
reclamando desde agosto del año 2017 unos US$708 millones, adicionales a los
US$1,945 millones de valor contractual de la obra. El pedido del constructor
(que son las tres empresas en conjunto) se sustenta en dos puntos globales. El
primero es que hay aspectos relacionados con el cronograma de construcción y
una posible extensión de plazos de terminación de la obra, por la suma de
US$542.6 millones. Y segundo, que hay modificaciones incurridas en el proyecto
por situaciones surgidas en el proceso que no fueron contempladas previamente,
por la suma de US$165.6 millones.
Para defender la
posición oficial, el Gobierno contrató a una de las oficinas de abogados más
prestigiosas de Washington y Nueva York en ese tipo de litigios, que es la
firma Foley Hoag LLP, con más de 75 años de experiencia, según informaron en
una rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el
administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.
En la actividad,
efectuada en el lugar donde se levantan las dos plantas a carbón en Baní, y
luego de un amplio recorrido por la obra, tanto Jiménez Bichara como Aristy
Escuder ratificaron que el Gobierno no pagará un centavo más sobre el valor
contractual de la obra. Sin embargo, para evitar que ese proceso implique la
paralización de los trabajos, las partes en disputa acordaron crear un fondo
contingente por US$336 millones, que servirá para terminar la obra. Esos
recursos serán reembolsados para cualquiera de las dos partes tomando como base
la sentencia que surja del tribunal de arbitraje. Eso es, tomando en cuenta
quién gane o quién pierda el proceso.
De acuerdo con las
explicaciones ofrecidas a los periodistas, el fondo contingente se divide en
dos partes: una partida de US$136 millones, correspondiente a saldo pendiente
de amortización, y otra de US$200 millones que serán transferidos a una cuenta
Escrow (de garantía) cuyos desembolsos se harán en la forma en que se cumpla el
cronograma de entrega de la planta generadora.
El fondo es creado con
recursos del Estado, garantizados plenamente con activos y otros tipos de
garantías del consorcio, según explicó Aristy Escuder.
Curso de las labores
Los trabajos –en
general- en Punta Catalina están avanzados en un 95% en promedio, pero hay una
de las dos unidades que está prácticamente lista y en etapa de comisionamiento,
es decir, de prueba de los equipos. Pronto se estaría pasando a una etapa de
sincronización.
Una obra como la descrita
se compone de tres partes, que son: ingeniería, procura y construcción. A
menudo hay una o varias prtes más avanzadas que las otras. Jiménez Bichara y
Aristy Escuder dejaron claro que “el acuerdo marco para la continuación y
finalización del proyecto Central Termoeléctrica con motivo de disputa” no
implica el reconocimiento del reclamo que por US$708 millones mantiene el
consorcio como necesidad adicional a los US$1,945 millones de valor contractual
de la obra.
“El Gobierno dominicano
mantiene su posición de no aceptar el pago de un centavo más sobre el valor
contractual de esta planta eléctrica de 752 megavatios brutos. Lo que hemos
hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la
obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión
judicial”, agregó Aristy Escuder.
Dijo que los términos
en que se firmó el acuerdo dejan claramente establecido esto: “que el Fondo
Contingente no altera ni modifica de manera alguna el precio definitivo del
contrato de EPC (Ingeniería, procura y construcción), que es de US$1,945
millones, y nada de lo establecido en el acuerdo y documentación relacionada
podrá interpretarse en sentido contrario o ser utilizado como precedente,
cualquiera fuere su naturaleza, en relación o con respecto a la disputa
pendiente o arbitraje”.
Cada uno de los
desembolsos se realizará siempre contra ejecución de la obra y será auditado
mensualmente por una firma auditora de reputación internacional. Es decir, se
entregarán los pagos a medida que se vaya finalizando la obra, estableciendo
además penalizaciones adicionales en caso de atraso en la fecha de entrega de
cada una de las unidades.
El acuerdo permitirá
que la primera unidad de generación comience a operar mediante su sincronización
a finales de 2018 y la segunda unidad en febrero de 2019. En caso de que no se
cumplan las fechas acordadas, se establecen penalidades adicionales de 220 mil
dólares por cada día de atraso, suma que será pagada por el Consorcio
constructor al Gobierno.
¿Al final quién pagará?
En caso de que la
sentencia le conceda la razón al consorcio, entonces los fondos en cuestión
(los US$336 millones), correrán por cuenta del Estado, mientras que si la
decisión judicial es favorable a la
CDEEE , entonces el consorcio deberá reponer esos recursos al
Gobierno en un plazo no mayor de 45 días. Las partes decidieron ir a un
arbitraje internacional luego de agotar un proceso en el que no llegaron a
ningún entendimiento.
Pero para evitar que el
proceso afecte el curso de la obra, el presidente Danilo Medina designó una
comisión de funciinarios para que identificaran una salida que evitara la
paralización de la obra y que a su vez no comprometa el patrimonio del Estado
ni reconozca un aumento en el valor contractual de la obra energética que se
levanta en la provincia Peravia. En el caso eventual de que el juicio arbitral
determinara favorecer al consorcio por el monto total que reclama, entonces el
Estado tendría que pagar cualquier diferencia respecto al monto que determine
la decisión judicial.
En cambio, si el
arbitraje emite una sentencia a favor del Estado, entonces el consorcio tendrá
que devolverle al Gobierno los US$336 millones que se están poniendo a
disposición para la terminación de la obra, pues son recursos adicionales al
valor contractual, o cualquier diferencia respecto al monto que determine la
decisión judicial.
Para asegurar el
cumplimiento fiel de ese compromiso, el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella
ha firmado una garantía económica como constancia de que cuenta con la
capacidad de reembolsar esos fondos en caso de que el Estado resulte
beneficiado en el arbitraje.
“La firma que hemos
contratado trabajo en la conformación de un caso que sea sólido y bien
documentado”, dijo Escuder. “Y la segunda línea de acción que tenemos es la
culminación de la
Central Termoeléctrica Punta Catalina. Es un compromiso que
estamos decididos a cumplir en el plazo más breve posible. La central suplirá
el 35% de la demanda de electricidad de este país. Una sola de las dos unidades
que tenemos acá es más grande que la planta de generación más grande que existe
en el país”, apuntó.
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