DAJABÓN. Las denuncias de que existe un mayor flujo de migrantes haitianos en el país ha tenido efecto en la zona fronteriza. Por lo menos en la provincia Dajabón “la cosa se calentó”. Así lo expresa la mayoría de los comunitarios del lugar, extrañados de que miércoles y jueves en la ciudad “casi no hay haitianos”.
La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de nacionales del vecino país que participan del mercado binacional, actividad comercial que genera sustento al 90% de la población del lugar, según estima el síndico del municipio, Miguel Cruz.
La provincia tiene una población de unas 65,000 personas, según el censo nacional del 2010.
Los demás días de semana, cuando no hay mercado, es común que cientos de nacionales haitianos pasen a realizar trabajos, sea doméstico, en el caso de las mujeres, o agricultura o construcción, en el caso de los hombres. Ambos sexos también comparten la venta de productos de manera ambulante.
Una vez finalizan la jornada, antes de que las puertas de control fronterizo cierre la puerta, retornan a Juana Méndez, el poblado haitiano que colinda con Dajabón, aunque separados por el río Masacre.
“Hoy no comeremos aguacate”, dice en broma un motoconchista que, pasadas las 10:00 de la mañana, se quejaba junto a sus compañeros de que no había clientes para mover.
“Nosotros le damos servicio a esa gente que se mueve en el pueblo para hacer sus compras y luego se van, pero hoy no los están dejando pasar, no hay nadie”, dice.
La razón: los organismos de seguridad decidieron aumentar los controles y no dejar pasar a nadie que no tenga documentos. Además, están deteniendo de este lado de la frontera a todo nacional haitiano que no tenga documentos o que sospechen que los que traen son falsos.
En las distintas calles de la ciudad pasan constantemente camionetas y motores del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) cargando haitianos para repatriarlos.
Los autobuses de la Dirección General de Migración (DGM) llegan repletas de ilegales a los centros de paso, sea en las instalaciones del Cesfront o del Ejército, para luego ser trasladados al otro lado del puente.
La cantidad de agentes ha sido reforzada. Germán Rosario, el nuevo comandante del Décimo Batallón Francisco Antonio Salcedo, afirma que ayer se agregaron 175 agentes más para las labores de patrullaje en los distintos puestos fronterizos.
También recibieron unas 25 motocicletas adicionales.
“Se está dando continuidad al trabajo que se realizaba... no nos dormimos haciendo el trabajo, la frontera está sellada”, afirma.
Comparte algunas cifras. “En Dajabón se detenían unos 300 a 400 ilegales por día, y lo hemos aumentado a unos 700 diarios”.
El coronel lleva 36 horas en el puesto. Llegó el miércoles a sustituir a Vargas Muñoz, trasladado por razones “rutinarias”, según informó el general Audry Ortiz López, mientras posesionaba a Rosario.
Quejas
Para Belkis, una comerciante del área de préstamo, el trabajo que hacen los militares no es más que una pantalla, “porque se calentaron con el tráfico de ilegales”.
“Eso es allante, se llevan a los que están aquí en la ciudad, cuando ellos saben que esa gente viene a trabajar y se va. Los que tienen que atacar son los otros que van para la ciudad”, dice en referencia a los inmigrantes que salen de Dajabón a otras ciudades del país.
Los vendedores de pollo son otros que piden a las autoridades dejar pasar a los haitianos que sólo entran a comprar, aunque no tengan documentos, bajo el alegato de que tienen pérdidas millonarias en pollos no vendidos.
“Nosotros entendemos que el general (en referencia Sugar Frugis Martínez, jefe del Cesfront en Dajabón) está haciendo su trabajo, pero ellos saben que esos haitianos que vienen a comprar no pasan de la zona del mercado y todos se conocen”, dice José Rodríguez, un comerciante que asegura tener una inversión de más de RD$100,000 en pollos que ahora se le están muriendo por falta de compradores haitianos.
Joan Liberato también dice tener una inversión similar, porque, ante las restricciones de esta semana decidieron bajar la compra que, regularmente, es de unos RD$300,000.
Insiste en que se debe tomar medidas para frenar a los que viajan con intención de quedarse, pero dejar pasar a los que vienen a comprar.
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